
Ley de Pago de Deuda Previsional: Una política sociocomunitaria vulnerada
Comisión | Seguridad Social
28 de febrero de 2023
Las políticas sociocomunitarias de protección social son aquellas medidas diseñadas, en pos de mejorar la calidad de vida de las personas que sufren algún tipo de vulneración de sus derechos.
En nuestro país, el Estado es garante del bienestar socioeconómico de nuestra población, por ello, se han tomado medidas que permitan planificar intervenciones en la vida de aquellas personas históricamente olvidadas.
En el municipio de La Matanza, según datos otorgados por ANSES (Agosto-2021), se invierte mensualmente $11.495,9 millones en jubilaciones y pensiones, $1.247,4 millones en la Asignación Universal por Hijx y la Asignación Universal por Embarazo, $1.285,7 millones en el Programa Alimentar, e invierte $1.923,4 en otras prestaciones, tales como el Complemento Mensual para el Salario Familiar, Asignación Universal por Hijx/Hijx con discapacidad/prenatal, por desempleo y cónyuge, PROGRESAR y Programa HOGAR. Es decir, el ANSES invierte mensualmente $15.952,4 millones en políticas socio-comunitarias de protección social. Ahora bien, es necesario resaltar que el presupuesto anual (2022) de La Matanza para todas sus actividades es de $29.000 millones. Es decir, el ANSES invierte mensualmente más de la mitad del presupuesto que el municipio de La Matanza destina a todas sus actividades cada año.
No nos parece menos importante resaltar que, cada centavo destinado a políticas socio-comunitarias tienen la característica de ser una inversión, ya que las mismas mejoran notablemente la vida de sus destinatarios, un claro ejemplo de ello, son las moratorias previsionales. Las mismas consisten en que las personas adultas mayores que se encuentran en edad jubilatoria pero no cuentan con los años de aportes correspondientes para jubilarse, lo puedan hacer a través de pagos en cuotas, que son descontados de manera directa del haber jubilatorio a través de ANSES.
A través del acceso a esta prestación, las personas adultas mayores que trabajaron de manera informal, pueden acceder a una jubilación y con ello, a una mejora de su calidad de vida. Cuando una persona adulta mayor accede a una jubilación, no solamente accede a un pago mensual que permita la sustentabilidad de su vida cotidiana, sino que también, se le otorga una Obra Social que permite mejorar su salud de manera integral, puesto que no sólo accede a prestaciones médicas y/o medicamentos gratuitos, sino que que se introduce, si la persona lo desea, en diferentes organizaciones comunitarias como pueden ser los Centros de Jubilados/as y Pensionados/as. En donde la vejez activa cobra un protagonismo fundamental. Por su parte, muchas veces, las personas en edad jubilatoria, tienen a su cargo a familiares y por ende, los derechos otorgados por acceder a la misma, se extienden a sus familiares.
Ahora bien, si el Estado es garante de planificar, promover y garantizar las políticas socio-comunitarias de protección social, debemos mencionar que en la actualidad las moratorias previsionales no cuentan con el presupuesto para ser otorgadas puesto que la Ley de Moratoria Previsional a pesar de contar con media sanción en el Senado de La Nación, en la cámara de Diputados no se debatió. ya que la oposición no demostró voluntad política para que ello sucediera. Es por esto, que el bloque del Frente de Todxs y algunos bloques intermedios, convocaron a una sesión especial para el martes 28 de febrero para revertir esto. De no ser así, esto generaría un grave impacto en la calidad de vida de las personas mayores ya que, de no sancionarse la Ley de Pago de Deuda Previsional, se estima que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones próximos a cumplir la edad jubilatoria no podrán acceder a esta prestación, es decir, más de 800.000 personas no podrán jubilarse.
En La Matanza, 25.000 personas quedarían fuera de los derechos otorgados por la jubilación por moratoria previsional. Si se quisiera visualizar, toda una cancha del Club Almirante Brown, a pesar de haber trabajado toda su vida, quedarían exentos de acceder a una mejora en la calidad de vida, en la franja etaria más extensa del ciclo vital, como es la vejez.