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La significativa creación del FONID, que se gestó a partir de la lucha docente encabezada por destacadas figuras como Mary Sanchez, militante de nuestro distrito, fundadora de SUTEBA y primera mujer en formar parte de la mesa de dirección de la CGT. Su militancia incansable, especialmente durante la instalación de la Carpa Blanca en 1997, fue crucial para la creación de este fondo que ha beneficiado a docentes y estudiantes a lo largo de los años. 

La desaparición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además de atentar contra la historia militante de, implicaría además el recorte de $778.315.300 mensuales para la educación de La Matanza. No sólo impactaría en los salarios de los 27.119 docentes que dictan clases en nuestro distrito, en mayor parte en centros educativos públicos, sino también en los 1.091 establecimientos educativos que albergan a los un total de 325.490 estudiantes (227.973 alumnos de establecimientos públicos y 97.517 en establecimientos de gestión privada),  de los distintos niveles de educación.

La importancia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) se manifiesta de manera fundamental al desempeñar un papel esencial en la preservación de la calidad educativa y la atenuación de las disparidades salariales en el ámbito docente, agravadas por la situación económica derivada de la hiperinflación. Un ejemplo ilustrativo de su relevancia se observa en febrero, donde, a pesar de que la los aportes de la provincia de Buenos Aires representan un 91,2% del presupuesto al salario docente, se experimenta una pérdida del 8,8%, ya que el FONID no destina ningún porcentaje para la recuperación salarial. En otras palabras, los 22.119 docentes de La Matanza sufren una disminución salarial del 8,8%.

La eliminación de este fondo no solo amenazaría la estabilidad financiera de los docentes, sino que también pondría en riesgo la calidad educativa para más de 300,000 estudiantes de nuestro distrito, especialmente en el ámbito de la educación pública. Esto conlleva la acumulación de cargos docentes y desmejoría en la salud mental y física de los educadores. Por otro lado, implica mayores esfuerzos presupuestarios para la provincia de Buenos Aires, generando riesgos para asignaciones destinadas a infraestructuras, programas educativos provinciales, entre otros aspectos críticos.

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